Retrasos en la obra de la Estación de Autobuses
Durante estos días festivos con motivo del Día de la Constitución y la Inmaculada miles de turistas han llegado a Segovia y se habrán encontrado una imagen sorprendente de la ciudad: se han visto obligados a bajar de los autobuses o esperar a los vehículos en pleno paseo de Ezequiel González con una alta densidad de tráfico, al tratarse de una las principales arterias de la ciudad.
Esto es así por la continuidad en las obras de la Estación de Autobuses, un proyecto que acumula una serie de problemas y retrasos y en el que el equipo de Gobierno municipal socialista lleva invertidos miles de euros, también derivados en parte de sentencias judiciales desfavorables. Cabe recordar la obligación de desmontar las marquesinas adosadas a los edificios de la campa de la estación, que para las arcas municipales ha supuesto un desembolso cercano a los 300.000 euros más las costas del proceso judicial, al tratarse de una instalación ilegal.
Ahora, está a punto de cumplirse un año del inicio de la contratación mediante procedimiento abierto de las obras cuya contratación ascendió a 707.920 euros, IVA incluido de los cuales 500.000 euros los aporta la Junta de Castilla y León. La aprobación definitiva del proyecto y la resolución de las alegaciones, por cierto, todas desestimadas, se produjo en febrero de 2016 y no fue hasta junio cuando se adjudicó la obra a la empresa Yara 1999 SL.
Los trabajos comenzaron a finales de ese mes y según anunció a bombo y platillo el equipo de Gobierno municipal socialista, la intervención duraría seis meses, con lo que tendríamos que estar a punto de presenciar su inauguración.
A día de hoy y con el plazo a punto de cumplirse es más que evidente que la obra no estará acabada en el plazo previsto y desconocemos la fecha concreta de finalización. Es por esto que el Grupo Municipal Popular quiere recordar diferentes aspectos que el equipo de Clara Luquero parece obviar para no dejar en evidencia su nefasta gestión y el incumplimiento de sus compromisos con los segovianos.
No hay que olvidar que en septiembre de este año, el GMP hizo pública una nueva sentencia desfavorable para el Ayuntamiento, derivada de la demanda interpuesta por la comunidad de vecinos de los edificios anexos a la estación, que obliga al Consistorio a asumir la reparación de los daños estructurales en los dos sótanos y parte de los edificios de viviendas. Este nuevo varapalo judicial supondrá el desembolso de casi 400.000 euros, que sumados a los 300.000 euros de la fallida marquesina suponen una cantidad de 700.000 euros, salidos del bosillo de los segovianos y originados por la falta de diálogo del gobierno socialista, que prefiere resolver los asuntos en el juzgado antes que escuchar a los vecinos.
Con respecto al estado de ejecución de las actuales obras, los vecinos han trasladado al GMP su malestar tanto por la impermeabilización llevada a cabo en la campa, como por la obra en general, que califican de “chapuza”. Estos consideran que se incumplen con las servidumbres a perpetuidad de luces y vistas que tiene el edificio en general y cada uno de los propietarios de las viviendas en particular. Servidumbres reconocidas en cada una de las escrituras privadas de propiedad.
Por otra parte, las instalaciones forman parte de una comunidad de propietarios a quien se debe pedir permiso en todo lo que afecte a elementos comunes y estructurales. Aspecto que, señalan, “el Ayuntamiento se salta continuamente”. Además, consideran que el gran número de pilares instalados para cubrir la campa con material textil puede generar dificultades en la maniobra de los autobuses.
El grupo del PP en el Ayuntamiento de Segovia denunció desde el principio del proceso de licitación que la solución no parecía la más adecuada. Cabe plantearse si es necesario cubrir la totalidad de la superficie o se podría prescindir de la cubrición de parte central, que es la que cuenta con mayor altura y que únicamente sirve para la circulación de los vehículos, no para la carga y descarga de viajeros. Esto que acarrearía una serie de ventajas como la mejora la ventilación, reducción del impacto visual y el coste de la obra notablemente, además de reducir posibles problemas estructurales en los pilares del sótano y evitar tapar vistas a los vecinos. Sin duda, deberían haberse explorado otras opciones.
De esta forma, tanto el proyecto como su ejecución genera al GMP muchas dudas acerca de las consecuencias del mismo (legales, estéticas, técnicas y sociales). La demolición de anterior marquesina ha costado de más de 300.000 euros (más costas judiciales) y ahora se pretende invertir más de 700.000 euros en una infraestructura que no satisface a los vecinos. ¿Se imaginan el coste de tener que desmontar esta estructura por su falta de operatividad? Las consecuencias serían nefastas y, de nuevo, el dinero de los segovianos volvería a invertirse varias veces en soluciones provisionales a los problemas reales del ciudadano.
Mientras avanza una obra completamente cuestionable por los aspectos mencionados, tanto los segovianos como los miles de turistas que visitan la ciudad siguen cogiendo el autobús en una zona sin aseos, sin resguardo y sin zona de espera. Todo ello proyecta una desastrosa imagen de la ciudad que el GMP cree firmemente que no es la que Segovia se merece.