Los parlamentarios del PP piden al Gobierno revisar el importe asignado a Castilla y León en el reparto del fondo no reembolsable
La Presidenta del PP y también Senadora, Paloma Sanz, junto con el resto de parlamentarios nacionales, el portavoz de los populares en la Cámara Alta, Javier Maroto, el diputado, Jesús Postigo y los senadores, Pablo Pérez y Juan José Sanz Vitorio, solicitan al Gobierno “revisar el importe asignado a las Comunidades Autónomas que, como Castilla y León entre otras, les han establecido criterios para el reparto del fondo no reembolsable, sin considerar variables como la incidencia de la pandemia; la existencia de una población de edad superior, más vulnerables a la enfermedad; la dispersión poblacional; y la menor cobertura de infraestructuras digitales, requeridas para la realización de teletrabajo y la educación a distancia”.
En opinión de los parlamentarios del PP de Segovia para que comunidades autónomas como la de Castilla y León se vieran correctamente financiadas, sería fundamental que se tuviera en cuenta la incidencia de la pandemia, la población envejecida y vulnerable y la dispersión de la población. El cambio de criterio del Gobierno ha hecho que Castilla y León ha visto disminuida la aportación inicial con un recorte aproximado de 125 millones para Sanidad y Servicios Sociales. De esta forma se estaría castigando a algunas de las comunidades autónomas que más han sufrido la pandemia y más tarde podrán abrir su economía, como consecuencia de su proceso más lento de desescalada.
Por tanto, los parlamentarios del PP de Segovia aseguran que era mejor el primer modelo de reparto que se acercaba más a la equidad y a la igualdad de trato entre todas las Comunidades. “En el modelo de reparto final no se tienen presentes principios básicos como equidad, equilibrio territorial o población a proteger por la pandemia”, afirman.
FONDO ADICIONAL
En este sentido, proponen “el uso de un fondo adicional compensatorio exclusivamente para las comunidades infrafinanciadas” y también “la autogestión del ingreso mínimo vital por parte de todas las Comunidades Autónomas, y no solo las más privilegiadas, lo cual se debe ver apoyado con la concesión de un fondo de 200 millones de euros para que las entidades locales puedan gestionar dicho ingreso mínimo vital”.
Por otra parte, los parlamentarios del PP de Segovia aseguran que el reparto de fondos debe negociarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con una reunión previa en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado, “puesto que son precisamente los gobiernos autonómicos los que verdaderamente conocen las necesidades reales de su región”.