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Editado Abr 19, 2021

El PP en el Ayuntamiento sigue desmontando las irregularidades en la Concejalía de Cultura

El PP en el Ayuntamiento sigue desmontando las irregularidades en la Concejalía de Cultura

Según los populares, ningún colectivo debe pagar de manera adicional a una persona por unos servicios de sonorización e iluminación cuando ya se le está pagando por ello desde el Ayuntamiento 27.000 euros al año.

Este hecho reafirma la petición de dimisión de la Concejala Gina Aguiar.

Los populares han pedido información sobre toda la actividad llevada a cabo en la Cárcel Centro de Creación desde el año 2011 hasta ahora.

El PP en el Ayuntamiento cree que tras 18 años al frente del Ayuntamiento, el Grupo Socialista ha convertido el consistorio en su cortijo particular, lo que se está viendo estas últimas semanas, según el portavoz popular, Pablo Pérez, con la sentencia del Caso Trípode, en donde se ha demostrado la fragmentación de un contrato y con los favoritismos hacia familiares y amigos.

El portavoz popular ha señalado que “estamos ante un gobierno desgastado, que lleva ya muchos años y sólo así se explica la tibieza de la alcaldesa al no cesar a Gina Aguiar, justificando su actuación y estas prácticas irregulares en todo momento”.

Pérez ha apuntado que fue la propia Clara Luquero la que sentó las bases de esta forma de gestionar en la concejalía de cultura y que sólo así se entiende que proteja de esta manera a la concejala socialista.

De aquella época, siendo la reponsable de cultura la actual alcaldesa, derivan los hechos que ha expuesto el portavoz de los populares quien ha pedido a los medios que se olvidaran por un momento de nombres y apellidos para centrarse en la gestión y desarrollo de los contratos. Pérez ha denunciado lo que para su grupo es un caso de doble pago y sobre sueldo del técnico contratado en la Cárcel Centro de Creación.

Esta persona, según ha explicado el portavoz popular, se tiene que encargar del mantenimiento y coordinación técnica de audiovisuales en la Cárcel Centro de Creación y en su contrato se especifica que la “prestación de los servicios técnicos de iluminación incluye la iluminación de todas las actividades a desarrollar de acuerdo con el proyecto artístico y el espacio. Además, la prestación de los servicios técnicos de sonido y audiovisuales que incluyen proyecciones cinematográficas y videográficas….”. Por este trabajo se le paga 13.500 euros, sin IVA, durante 6 meses y 27.000 euros de manera anual, o lo que es lo mismo, 2.250 euros al mes. Pero, a mayores, según ha afirmado Pablo Pérez, si a algún colectivo se le cede este espacio municipal, el técnico va a parte y cobra, de manera individual, como autónomo.

”Nos parece una vergüenza que se haga esto. Es algo difícil de entender cuando el Ayuntamiento ya está pagando a una persona por los servicios técnicos que se prestan en esta sala. Ningún colectivo debe pagar por un servicio que ya está contratado por cultura”.

Añaden los populares que en el decreto de contratación no se especifica que esta persona sólo tenga que trabajar determinados días, únicamente la duración total del contrato, el objeto, las características de su trabajo y el precio del mismo.

“Nos parece inadmisible que un técnico pueda cobrar a mayores por un servicio por el que ya le estamos pagando todos los segovianos a través de un contrato municipal la nada desdeñable cifra de 2.250 euros al mes”.

Pablo Pérez ha indicado que su grupo, además, está investigando si el resto de concejalías también tienen que pagar a parte por los servicios de este técnico, algo que es todavía más difícil de entender.

“Vamos a exigir que este tipo de prácticas acaben cuanto antes. El Ayuntamiento no se puede convertir en el cortijo económico para unos cuantos. No vamos a permitir que se beneficien del dinero público unos pocos”.

Este suma y sigue en la gestión de la concejalía de cultura, según Pablo Pérez, reafirma aún más la petición de dimisión de la que hasta hace unas semanas era su responsable, la concejala Gina Aguiar.

“No es algo sencillo, porque estamos hablando de una compañera, pero estas malas prácticas tienen que acabar. Tenemos el firme compromiso con los segovianos de velar por sus intereses y acabar con las irregularidades en la gestión”.

Pérez también ha apuntado que habrá que ver las consecencias que tiene todo esto para la propia alcaldesa de la ciudad.

Según el líder del principal grupo de la oposición, las normas de uso de este espacio municipal deberían estar publicadas. Los populares han pedido información sobre la actividad llevada a cabo en la Cárcel Centro de Creación desde el año 2011 hasta ahora porque, según dicen, “estas prácticas tienen que acabar”.

“El problema no es el nombre ni los apellidos, aunque casualmente sean los mismos que los de una concejala del Ayuntamiento”, señala Pérez, “el problema es cómo se está beneficiando a una persona, cómo se hacen los contratos, cómo se gestiona y lo que se permite”.

En opinión del líder de los concejales populares, esta forma de actuar no son más que prácticas heredadas de años atrás, consentidas y permitidas para favorecer a unos pocos.

“El hecho que hoy hemos denunciado nos parece éticamente bochornoso. Esto no es cultura, es amiguismo. Tenemos que velar para que no se actúe de manera irregular”.