El PP defenderá de nuevo en el pleno de las Cortes que el Gobierno de España no impida la continuidad de la estación de esquí de Navacerrada
El Procurador, José Luis Sanz Merino, defenderá el miércoles en el pleno de las Cortes de Castilla y León la Proposición No de Ley en la que se solicita al Gobierno de España, que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico deje de adoptar decisiones que impidan la continuidad de la estación de esquí de Navacerrada, procediendo a desistir de cualquier proceso judicial iniciado en sentido contrario.
En el texto también se solicita que Organismo Autónomo Parques Nacionales dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico (MITECO) proceda a la tramitación de una nueva concesión de uso privativo de las instalaciones de esquí de las tres pistas, situadas en la estación de esquí alpino de Navacerrada, en la vertiente segoviana de la misma.
Asimismo, la iniciativa parlamentaria pide que el Gobierno de España cese en el acoso político a que está sometiendo a la empresa explotadora de la estación de esquí de Navacerrada mediante decisiones unilaterales, procediendo a la revocación inmediata de las Resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Duero, también dependiente del MITECO, por las que se acordó la extinción de la concesión de agua en el arroyo “El Telégrafo” destinado a la fabricación de nieve artificial y el desmantelamiento de las instalaciones de toma de agua para innivación artificial propiedad del titular de la explotación, respectivamente.
Según asegura Sanz Merino “nos hemos visto en la obligación de plantear de nuevo una iniciativa parlamentaria sobre este asunto, puesto que el Gobierno de nuestra nación, lejos de mostrarse sensible con la petición realizada por los representantes electos de nuestra Comunidad en las Cortes de Castilla y León y en el parlamento nacional, ha acentuado aún más su incomprensible inquina contra Castilla y León en este, como en otros asuntos, con actuaciones impropias de la lealtad institucional que se debe a una Comunidad Autónoma”.