El Colegio de Abogados traslada sus preocupaciones al equipo de Raquel Fernández

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Segovia, Raquel Fernández y uno de los miembros de su equipo, el abogado Fernando Mínguez se han reunido con los miembros de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Segovia quienes les han trasladado sus preocupaciones en determinados asuntos de ámbito municipal.

En la reunión se debatieron cuestiones relativas a las relaciones institucionales que mantiene el Colegio de Abogados con el Ayuntamiento de Segovia y se propusieron puntos de acercamiento en una de las solicitudes más repetidas por parte de los letrados como es la posibilidad de que existiera un convenio con el consistorio de la capital para que los abogados segovianos se encarguen de los asuntos jurídicos del Ayuntamiento, mediante sistemas como el listado de colegiados que puedan hacerse cargo por el sistema de turno.

En este sentido, han lamentado las derivaciones de pleitos, por parte del Ayuntamiento de Segovia, a una serie de profesionales de la Abogacía ajenos al propio I.C.A. de Segovia. Por otro lado, también han incidido en que se pone de manifiesto el alto volumen de pleitos por parte del Ayuntamiento, observando que existen asuntos en los que se puede eludir la confrontación judicial.

La Junta de Gobierno del I.C.A. de Segovia también ha puesto de manifiesto en este encuentro el excesivo coste de los atestados de la Policía Local, significando que hace apenas un año era de unos cuarenta euros y, en la actualidad, se acerca a los ciento ochenta. Situación que, según han explicado, se agravará con la despenalización de ciertas faltas y delitos, lo que conlleva que la Policía Local no enviará gran parte de los atestados a los Juzgados y, por tanto, aumentará la necesidad de solicitarlos a la Policía Local.

Por último, y teniendo en cuenta que en la reunión también estaban presentes los parlamentarios populares Juan Ramón Represa y Paloma Sanz, se debatieron asuntos estatales como las reformas de las leyes sobre los colegios profesionales, sobre la justicia gratuita, sobre la jurisdicción voluntaria o sobre las funciones del Tribunal de Defensa de la Competencia.