Beatriz Escudero pide al Gobierno que diga las cantidades que debe a cada ayuntamiento de la provincia
En este sentido, la Diputada Popular asegura que “el Ejecutivo Socialista no se puede basar en que al estar en funciones no puede realizar este pago, tanto a Comunidades Autónomas, como a Entidades Locales, cuando estando en funciones aprobaba los decretos electorales de los viernes”.
Según informa la Parlamentaria el importe de las entregas a cuenta del año 2019 a las entidades locales se estima en unos 1.000 millones de euros, a los que hay que añadir, que también está pendiente, el importe de las liquidaciones definitivas en la Participación en Ingresos del Estado del año 2017.
Por ello, Escudero pide al Gobierno que les explique las razones por las cuales no ha cumplido con sus obligaciones legales y de base constitucional, para transferir la actualización de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a los ayuntamientos y demás entidades locales de Segovia. Asimismo, también insta al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez a que informe de cuándo y cómo va a cubrir el Gobierno el esfuerzo presupuestario que están haciendo las entidades locales para atender el incremento de las retribuciones de los empleados públicos previsto en el Real Decreto Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
Según dice Escudero la congelación de los recursos no permite cubrir el esfuerzo presupuestario que están haciendo las entidades locales para atender al incremento de las retribuciones en materia de personal, con un incremento mínimo asegurado del 2,25 por ciento respecto a las retribuciones vigentes en 2018, con efectos a 1 de enero de 2019, y que cubre tanto a funcionarios como a personal laboral del sector público local.
A esto se suma, que “existen un conjunto de líneas de subvenciones estatales destinadas a financiar determinados servicios locales (por ejemplo, transporte colectivo urbano), cuyo importe permanece inalterable a lo largo de este año en el crédito presupuestario de 2018, sin que responda directamente, por tanto, de la evolución de los costes del servicio en cada una de las líneas subvencionadas”, explica Beatriz Escudero.
Para Escudero el Gobierno lo que está haciendo es “trasladar a las Comunidades Autónomas su propia incompetencia, ya que éstas, al no poder ejecutar ese gasto social, permitirán compensar el déficit de la Administración Central, que a cierre de junio era de -16.336 millones de euros, 1.671 más que en 2018. “Muestra una desidia total, como refleja el hecho de que lleve un año sin convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque está perjudicando no a los gobiernos de las Comunidades Autónomas, sino a todos los españoles”, concluye.
