Basta ya de largos procesos que llevan a indemnizaciones millonarias que acaban saliendo de las arcas municipales
El escenario que rodea a las arcas municipales tras los últimos varapalos judiciales, la devolución del préstamo y la subvención del Edificio de Emprendedores del CAT o lo que queda por venir a nivel de expropiaciones, es algo que nos preocupa desde el Grupo Municipal Popular (GMP) y desde luego ni es para reírse ni para sacar pecho de la gestión realizada por el equipo de gobierno socialista a nivel urbanístico.
Si era poco lo que habíamos conocido en los últimos meses, la reclamación de la empresa propietaria de la finca denominada “Casa de Guardas” en donde se ubicará el futuro instituto de San Lorenzo, de la expropiación de la superficie no expropiada podría hacer que sumáramos otra elevada cifra que podría superar los 5M€. Y es algo que nos preocupa pues desde nuestro grupo no lo vemos tan claro como el equipo liderado por Clara Luquero.
Aunque el concejal responsable del área lo niegue, según nos informaron los propios técnicos municipales en los que tantas veces se amparan, siempre y cuando les interesa, en el caso de no iniciarse el expediente expropiatorio, lo único que se estaría haciendo es alargar un procedimiento que acabaría desembocando en un proceso judicial nada favorable para el Ayuntamiento, que heredarían futuras corporaciones y que al final, como siempre, acabarán pagando los segovianos.
Nos alegra la claridad y confianza desplegada por el equipo de gobierno socialista en estos 13 años al frente del Ayuntamiento, pero esa claridad nos ha llevado a pagar 6,6M€ por la expropiación de Padre Claret, 1,2M€ por Soldado Español, 5,6M€ por los terrenos ya expropiados para construir el Instituto de San Lorenzo, sin contar los intereses que desconocemos y 1,3M€ por las expropiaciones de Jerónimo Aliaga; a estas cantidades hay que sumar los 10M€ de la devolución del préstamo y la subvención por no terminar a tiempo el edificio de emprendedores del CAT, los más de 300.000€ que nos ha costado todo el proceso de retirada de la marquesina de la estación de autobuses, “pequeños pleitos”, que no lo son tanto, o lo que tendremos que pagar a la empresa que gestionaba el aparcamiento de José Zorrilla y que todavía no sabemos.
Suponemos que al principio de cada proceso todo lo tenían igual de claro que en esta ocasión, pero esa claridad y confianza y la gestión socialista nos están costando mucho dinero a los segovianos. Estamos enfrentándonos a pagos millonarios por dilatar procesos, falta de diálogo y de eficacia a la hora de gestionar temas como estos.
Es preferible ser consecuentes y si hay procedimientos que se pueden perder, en vez de exponernos a indemnizaciones millonarias y dilatar los procesos en el tiempo, que lo único que traen consigo es la suma de intereses, lo que habría que hacer es aceptar los errores e intentar buscar la mejor solución posible, ya que, según dicen, hay dinero para ello.
Por todo ello, hemos votado en contra de la improcedencia de iniciar un nuevo expediente expropiatorio que nos podría llevar a un largo proceso con un final nada feliz para las arcas segovianas.
