Admitida la demanda del PP municipal por irregularidades en los contratos del técnico de la Cárcel Centro de Creación

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha admitido a trámite la demanda interpuesta por el PP en el Ayuntamiento contra el Decreto de Adjudicación del Contrato de los servicios técnicos de la Cárcel Centro de Creación correspondiente al pasado mes de enero.

La bancada popular considera que existen claros indicios de una nueva fragmentación de un contrato, así como la clara voluntad de concedérselo a una persona determinada, con el agravante de que es el hermano de la concejala Gina Aguiar, que en enero aún ocupaba Cultura, lo que podría suponer, según los populares, una causa de prohibición para contratar.

“Hay que poner fin, de una vez por todas, a este tipo de procedimientos ilegales del PSOE en el Ayuntamiento de Segovia”, señala el portavoz popular, Pablo Pérez quien añade que “desde el principio dijimos que velaríamos por los intereses y los derechos de los segovianos y para ello hemos acudido otra vez a la justicia”.

Pérez añade que, además de existir una defectuosa tramitación, con errores jurídicos ya reconocidos en una sentencia anterior, el equipo socialista ha vuelto a utilizar la figura de contrato menor para un puesto que no responde a una necesidad puntual y esporádica, sino a una necesidad permanente ya que la Cárcel Centro de Creación lleva con una programación anual y estable reconocida desde hace años.

El portavoz popular apunta también, que el ejecutivo de Clara Luquero ha utilizado esta figura contractual sin haber depurado previamente si existe conflicto de intereses entre el contratista y la concejala como sería exigible en una administración transparente que está obligada a buscar el mejor servicio y al mejor precio.

“Esta forma de contratar es ilegal y, además, para ello recurren a una tramitación cargada de errores jurídicos, que maquilla un poco el dedazo. La alcaldesa y la concejala Aguiar han convertido Cultura en un cortijo en el que contratan cómo y a quien quieren. Pero esto se ha terminado, la sentencia del Caso Trípode ya lo confirmó y este es otro ejemplo más, no nos queda ninguna duda”, afirma el portavoz del grupo popular.

Por todo ello, los populares han vuelto a acudir a la justicia con el convencimiento de que también existen irregularidades en este proceso de contratación. Una vez admitida a trámite la demanda se abre el proceso para aportar la documentación para el expediente que se analizará durante el juicio que se celebrará a finales del próximo mes de junio.

“Nuestro objetivo es desmontar la red clientelar creada por el PSOE en el Ayuntamiento desde hace 18 años y que se está haciendo muy evidente en determinadas áreas como Cultura”, indica Pérez.

Desde la bancada popular añaden además que Segovia y los segovianos se merecen total transparencia en los procesos de contratación y contar con los mejores profesionales en cada prestación de servicios.

“Es el dinero de todos, los recursos de todos, no podemos permitir que sigan cometiendo estas irregularidades y lo hacemos con rigor y seriedad, con evidencias que lo demuestran, como ha sucedido con el Caso Trípode”, concluye el portavoz popular, Pablo Pérez.

Precisamente con respecto al Caso Trípode, el Juzgado Contencioso Administrativo acaba de ratificar este miércoles, 5 de mayo, la inadmisión del recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Segovia frente a la sentencia que declaraba nula la adjudicación del contrato de dirección del Festival de Cine a la asociación Trípode Cultural.

De esta manera se pone fin al recorrido judicial del Caso Trípode y lo único que resta, según indican desde el PP en el Ayuntamiento, es que el Gobierno municipal socialista acate la sentencia y anule el contrato y “empiece  a actuar conforme a lo que marca la ley”. Pérez subraya que el juez ha ratificado lo que ya advirtieron los populares y es que no cabía recurso alguno contra esta sentencia.

“Lo único que ha hecho el ejecutivo socialista de Clara Luquero es volver a gastar tiempo y dinero de todos los segovianos en un procedimiento judicial del que son ellos los únicos responsables, causado únicamente por sus errores de gestión”.

En la sentencia firme del Caso Trípode el juez reveló un uso irregular del contrato menor, con un claro fraccionamiento y una tramitación defectuosa. Ahora volverá a ser un juez el que determine si con el contrato de servicios de la Cárcel Centro de Creación ha vuelto a suceder lo mismo y si es así, los populares volverán a exigir responsabilidades políticas por ello.