Vázquez y Sanz Jerónimo aseguran que el Gobierno ha fallado a los ayuntamientos y también a los ciudadanos
El Secretario Autonómico del PPCyL y Vicepresidente 1º de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, y la Presidenta del Partido Popular de Segovia y Senadora, Paloma Sanz, han realizado una valoración de algunos de los asuntos de actualidad más relevantes del momento como son el Ingreso Mínimo Vital dada la situación de precariedad de muchas familias y la intención del Gobierno de recaudar el superávit de los ayuntamientos.
Paloma Sanz ha informado que el PP presenta en el pleno del Senado una moción instando al Gobierno a rectificar y a derogar el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales y consensuar con las formaciones políticas un acuerdo que atienda a las necesidades y prioridades de las entidades locales.
Según ha explicado Paloma Sanz “el Gobierno ha metido la pata al no consensuar con los ayuntamientos la utilización de los remanentes, porque el dinero de los ayuntamientos es de los vecinos, fruto de su esfuerzo y su sacrificio”. Por este motivo y en su opinión “el Gobierno debe rectificar y retirar de forma inmediata ese Real Decreto”.
En este sentido, la Presidenta de los populares segovianos ha asegurado que “no contentos con esto, el Gobierno les ha hecho un chantaje en toda regla a las entidades locales, puesto que ha habilitado un fondo de 5.000 millones de euros, a ingresar entre 2020 y 2021 el 35% de lo que le presten, totalmente condicionado a las inversiones que el Gobierno decida y al que sólo podrán acceder los que entreguen al Gobierno la totalidad de sus remanentes de tesorería a 31 de diciembre de 2019. Es decir, que solo dispondrán de este fondo los ayuntamientos que entreguen sus ahorros al Gobierno”. Pero es que, además, ha excluido a más de 3.000 entidades locales que según el Ministerio de Hacienda tienen deuda y a todas las que el saldo de remanentes de tesorería lo tienen en negativo.
Para la presidenta del PP “los remanentes de los ayuntamientos, son sus ahorros, y por lo tanto deben ser ellos los que decidan en qué emplearlos, son ellos los que realmente saben las necesidades de sus vecinos y las mejoras que necesita cada municipio”.
Desde el Partido Popular de Segovia ha salido una vez más en defensa de los ayuntamientos de esta provincia, de sus alcaldes y concejales, con una campaña que lleva por lema “Mi Ayuntamiento no se expropia”, y a la que prácticamente se han sumado todos los ayuntamientos del PP.
En este sentido Paloma Sanz se ha querido sumar al comunicado de los Alcaldes de Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Ourense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Teruel, Torrelavega, Valencia y Zaragoza. En éste reivindican el papel fundamental que han jugado todos los ayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus, independientemente de su color político o de su situación económico-financiera.
El texto asegura que el esfuerzo financiero en esa gestión de los ayuntamientos está siendo realizado hasta la fecha sin ayudas de ningún tipo, exclusivamente con recursos propios en unas circunstancias excepcionales. Por ello rechazan el acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda por ser injusto y vulnerar el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos. Según dicta el documento y del que se ha hecho eco Paloma Sanz “ese acuerdo vulnera la autonomía financiera de las entidades locales y establece una inadmisible exclusión de los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado”.
INGRESO MÍNIMO VITAL
Por su parte, Francisco Vázquez ha dicho que “al Gobierno le sobre prepotencia y le falta coordinación con las Comunidades Autónomas” en la rueda de prensa donde ha desgranado que mientras el Gobierno PSOE-Podemos anunciaba a bombo y platillo el Ingreso Mínimo Vital, en Castilla y León se lleva trabajando con la Renta Garantizada de Ciudadanía 10 años, y a pesar de ello, el propio Gobierno no deja a la Junta gestionar esta ayuda, aunque sabe más de ello que el propio Gobierno.
Francisco Vázquez ha subrayado que “como el Gobierno no habla con las Comunidades Autónomas y no quiere que gestione esta ayuda cada región nos vemos con problemas para que los ciudadanos que necesitan estas ayudas las reciban, pues es incompatible con la Renta Garantizada de Ciudadanía de la Junta de Castilla y León y además, su cuantía es inferior a la autonómica, por lo que los castellanos y leoneses que pidan el Ingreso Mínimo Vital en lugar que la Renta Garantizada percibirá una menor cuantía.
Desde que se aprobó la ayuda estatal y a fecha de hoy, se ha reconocido la prestación a 1.655 personas que cobraban la autonómica, y de ellas, un 33% (548 personas) perciben menos cuantía del Ingreso Mínimo Vital por renta.
Los que cobran la ayuda de media están percibiendo un importe de 244,16 euros del Gobierno de España, mientras que de la Junta de Castilla y León pueden cobrar 565 euros. Es decir, un tercio de las personas que antes cobraban la Renta Garantizada se han visto muy perjudicadas al pasar al Ingreso Mínimo, pasando de 565 euros a 244 euros.
ACTUACIONES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Para compensar este desequilibrio económico, en las Cortes de Castilla y León se ha iniciado la tramitación de una ley con carácter de urgencia que permita al titular de la renta garantizada de ciudadanía compatibilizar esta prestación con lo que deben percibir del Ingreso Mínimo Vital, con el fin de que puedan recibir, como mínimo, el importe que venían percibiendo con la Renta Garantizada.
“Esta modificación podíamos haberla iniciado antes si el Gobierno de España hubiera actuado con lealtad. Conocimos el texto de la Ley del Ingreso Mínimo por el BOE, lo que demuestra que la prioridad del Gobierno de España no son las familias con menos recursos, sino la venta política”, ha subrayado Francisco Vázquez.
Pero la Junta, consciente de que la situación de estas personas no permite esperar la aprobación por las Cortes de Castilla y León de esta ley, ha decidido conceder, mientras se modifica la normativa, a estas familias una subvención directa por un importe global de 211.371,37 euros para seguir cobrando el mismo importe que tenían antes del Ingreso Mínimo.
Esta subvención se justifica por razones de interés social y humanitario dado que los beneficiarios de estas subvenciones son personas con muy escasos recursos económicos que, de forma injusta han visto minorados sus ingresos con la aprobación y reconocimiento de la prestación estatal del ingreso mínimo vital, ha explicado Vázquez.
Para concluir, Francisco Vázquez ha indicado que “España tienen dos motores; el del Gobierno y el de las Comunidades Autónomas, si uno no funciona o está gripado este país funcionará a medias y eso es culpa de los socialistas, también de los de Castilla y León y de los de Segovia que sólo hacen seguidismo del Sanchismo olvidando a los ciudadanos”. �����t��&Q