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Editado Mar 16, 2015

Tasas judiciales

Tasas judiciales

En materia de justicia han sido muchas las reformas que se han llevado a cabo y se siguen realizando en la actual legislatura. Tanto la reforma de las tasas judiciales del año 2012 (Ley 10/2012, de 20 de noviembre), vigentes desde 2002, como la supresión de las mismas para las personas físicas que recientemente se acaba de producir, han tenido su justificación en razones más que suficientes y sobradamente conocidas, pero merecedoras de recuerdo y análisis.

Aquella reforma respondió a un momento puntual rodeado de unas circunstancias excepcionales que por razón de una buena gestión y el enorme sacrificio de todos los ciudadanos han cambiado sustancialmente. Fue tal la ruina económica y social en la que el Partido Socialista dejó a España en el año 2011 que obligatoriamente hubo que adoptar medidas no deseadas, pero inevitables. Esa es la justificación, nada baladí, de la subida en su momento de las tasas judiciales; y la justificación de la supresión ahora de las mismas se debe justamente a lo contrario, es decir, a la marcada mejoría de la economía en España motivada por la aplicación de unas políticas adecuadas, alejada de cualquier calendario electoral a corto o medio plazo.

Esta afirmación queda avalada por la gran cantidad de parámetros incontestables que así lo confirman: en España ha dejado de hablarse de rescate, de prima de riesgo, en el año 2014 hemos liderado el crecimiento de la zona euro con bases sólidas, el empleo ha aumentado en 434.000 personas, seguimos creando más empleo que ningún otro país, somos mucho más competitivos, las pensiones se han revalorizado año tras año y se ha asegurado su incremento por ley, sin que puedan volver a sufrir merma ni congelación alguna como otros hicieron; se han hecho grandes esfuerzos para mantener la sanidad -pública, universal y gratuita-, la educación -2014 ha sido el año en el que más dinero se ha invertido en becas de la historia y en el que la tasa de abandono escolar ha caído en cinco puntos-, se han rebajado los impuestos a través de la más profunda reforma fiscal de los últimos diez años, e innumerables aspectos más que nos animan a seguir por este camino y nos hacen ver el futuro con ilusión. Quien niegue la evidencia apuesta por la equivocación.

La reforma del año 2012 no quebró en absoluto el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva  porque  las  tasas  solamente  eran exigibles a quienes tuvieran más recursos económicos y, por el contrario, quedaban eximidos de su pago aquellos ciudadanos que acreditaran insuficiencia de recursos para litigar haciéndose extensivo el sistema a determinados grupos como víctimas del terrorismo, de violencia de género, trata de seres humanos, etc., sin necesidad de otro requisito.

El acceso a la justicia nunca ha estado reservado para los que dispongan de rentas más altas, eso es una falsedad rotunda, solo hay que leer la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita junto con un examen de los datos que anualmente publican los Colegios de Abogados de toda España, cuyos profesionales, dicho sea de paso, junto con los Procuradores de los Tribunales, llevan a cabo una labor de asesoramiento y defensa de los intereses de los más necesitados con exquisita profesionalidad, nunca lo suficientemente reconocida ni social ni económicamente, para darse cuenta del número de beneficiarios que se acogen a este derecho.

El PSOE, en su anterior etapa de Gobierno, también hizo alguna reforma en materia de justicia: agilizar los desahucios mediante la creación de Juzgados especializados cuya misión exclusiva fue facilitar desalojos de forma exprés.

Ahora hay que felicitarse porque la situación económica es muy distinta, hay claros signos de recuperación y poco a poco se va consolidando el crecimiento económico. El objetivo de la legislatura era revertir la situación de crisis económica y se ha conseguido. De no haber existido un cambio en el color político del Gobierno en el año 2011, la deriva de España hubiera sido irreversible.