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Editado Sep 4, 2015

Represa defiende que las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal agilizan y aportan eficacia a la justicia

Represa defiende que las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal agilizan y aportan eficacia a la justicia

El Senador del Partido Popular por la provincia de Segovia, Juan Ramón Represa, ha defendido esta semana en el Pleno del Senado las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (1882), para de esta forma, garantizar la agilización de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

Según Represa las reformas de esta Ley “son trascendentales, de muy amplio contenido, necesarias y no podían esperar”, porque lo que se pretende es lograr una justicia “más rápida y más eficaz”. Por este motivo, estas medidas también están encaminadas “a la lucha contra la corrupción que el actual Gobierno de España ha impulsado sin vacilación, facilitando a jueces y fiscales herramientas eficaces en la lucha contra este tipo de delitos, el crimen organizado y el terrorismo”.

Para el parlamentario nacional existen situaciones actuales que con estas reformas se pretenden evitar como la instrucción de causas que se convierten en macroprocesos de una envergadura inabarcable que se eternizan en su tramitación y perjudican a víctimas, investigados y también al resto de los ciudadanos. Asimismo, los atestados sin autor conocido ya no se remitirán al Juzgado salvo casos graves, quedando a disposición de jueces y fiscales.

Otra de las medidas que se va a adoptar en la reforma de dicha normativa es la limitación de los plazos de instrucción a 6 y 18 meses, según sean asuntos sencillos o complejos con posibilidad de prórrogas. Además se va a crear un nuevo procedimiento por aceptación de decreto a propuesta del Ministerio Fiscal, que contará con todas las garantías para el justiciable.

Lucha contra la delincuencia

Se establece un nuevo marco legal del decomiso, acompañado   de   la  creación   de   la  Oficina de Recuperación y Gestión de Activos que se destinarán a pagar a las víctimas, proyectos sociales y lucha contra la delincuencia organizada. De igual forma se generaliza la segunda instancia penal, se regula el recurso extraordinario de revisión para, entre otras cuestiones, evitar el efecto extensivo que tuvo la anulación de la “doctrina Parot”.

Asimismo, según comenta Juan Ramón Represa, desaparece definitivamente el término “imputado”, pasando a denominarse “investigado” o “encausado” según la fase del procedimiento, más acorde con el lenguaje recomendado y para evitar los efectos negativos y estigmatizadores de aquél.

“Se establece un verdadero Estatuto Jurídico del Investigado colocándonos a la vanguardia de los Estados Miembros de la Unión Europea en el reconocimiento de las garantías procesales y en la ejecución de la hoja de ruta fijada en el Programa de Estocolmo, ya que se regula el derecho a la entrevista reservada con el letrado incluso antes del interrogatorio policial, el derecho a tomar conocimiento previo de las actuaciones, la confidencialidad de comunicación entre investigado y su letrado, la toma de muestras biológicas o la asistencia médica al detenido dos veces al día, entre otras cuestiones”, subraya el Senador popular.

La reforma hace una regulación mucho más garantista de la detención y prisión incomunicadas y se actualiza la ley de una manera muy amplia en materias relacionadas con las nuevas tecnologías.

Libertad de información

A través de una enmienda presentada en el Senado se ha introducido una modificación que consigue salvaguardar el  derecho      constitucional       de      libertad       de      información compatibilizándolo  con  los  derechos   al honor, la intimidad y la imagen de las personas detenidas o presas. Enmienda que fue acordada entre el Ministro Rafael Catalá y los editores y periodistas.

“En definitiva, el objetivo de estas reformas está encaminado a agilizar la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales, a promover la regeneración democrática y a luchar contra la corrupción, las bandas terroristas y el crimen organizado”, explica Represa a la vez que concluye diciendo que “se trata de reformas necesarias y demandadas por la sociedad”.