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Editado Feb 7, 2019

¿Relator o relatora?

¿Relator o relatora?

El pasado martes día cinco, el  Gobierno de España en el turno de control al ejecutivo hizo vibrar los cimientos de la Cámara Alta cuando dijo que  “un relator” participaría en una mesa para dar solución política a las reivindicaciones de Cataluña. Aceptar la creación de esa mesa  y anunciar esta en el parlamento, sede de la representación de la soberanía y exclusivo lugar de debate de temas básicos constitucionales es inaceptable. Designar a un “relator”, tiene una proyección, gravedad y transcendencia aún mucho mayor. Yo lo califico como actitud repugnante. Quizá para quien allí hizo el anuncio,  la señora Calvo, Vicepresidenta del Gobierno español, alguien denominado así y que “haga de puente entre unos y otros”; “alguien que sea capaz de decir nos convocamos” “tomo nota” “un poco ayudar”, le parezca inofensivo o neutro, pero nada más lejos de la realidad en la transcendencia que tiene la acepción de esa determinada figura.

Para comenzar, un relator es un experto independiente designado por algún tipo de institución para examinar sobre la situación de un país que está afectado por algún conflicto internacional, en especial de Derechos Humanos: La ONU cuenta con 33 relatores; designados por la Comisión de Derechos Humanos y renovados por el Consejo. ¿Un relator en España, una de las más avanzadas democracias del mundo?

La elección por el Gobierno de esa palabra no es capricho o casualidad. Entre la relación de exigencias que el representante del Estado Español en la Comunidad Autónoma de Cataluña (rocambolesca potestad en este caso específico) le entregó al Presidente Sanchez en su petición tercera se encuentra esta: “Es necesaria una mediación internacional que debe facilitar una negociación en igualdad”. Un fedatario, mediador, negociador no son figuras que se asocien directamente a la internacionalización,  pero designar a la figura del relator si lo es.

Y lo es porque el gobierno de la región catalana, en manos de Quim Torra se anota al menos tres triunfos a sus exigencias consiguiendo, en primer lugar, que se forme la citada mesa bilateral; en segundo, que asistan mediadores con carácter internacional al utilizar la palabra “Relator”; y, en tercero, la exigencia número uno de la lista: que no se gobierne contra Cataluña.

Así las cosas, la actitud de Castejón ante esas exigencias, y su ánimo de sentarse a negociar demandas separatistas y rupturistas en las anteriores condiciones, deja muy clara su traidora posición a la Patria de discutir la unidad y soberanía nacional, soberanía que reside exclusivamente en el pueblo español, en nadie más.

Sanchez no es el pueblo soberano español obviamente cuando actúa; representa a un poder que es el asignado al Gobierno, constituido por la Cámara baja de las Cortes, en su caso de manera extraordinaria vía artículo 113 y 114 C.E.,  al que no le corresponde la función de sentarse a discutir el más mínimo asunto que afecte a la unidad y soberanía española.

Ante estos hechos, y otros que se han venido sucediendo desde los polvos del 2014, los españoles hemos de hacernos unas muy profundas reflexiones sobre los hoy lodos de aquellos mensajes de transcendencia medular que incesantemente nos vinieron por los hoy reconocidos líderes políticos de los entonces incipientes partidos emergentes, y situarnos al lugar actual donde nos han llevado. Me refiero a las consignas contra las mayorías parlamentarias. Tanto por el partido de izquierda radical, con ese líder tan incoherente en  doctrina frente a sus propios actos; o por el otro partido, de abundantes trajes en el ropero, nos metieron por los ojos las bondades de la ruptura de las mayorías y estas son las consecuencias que alguno de ellos a su vez sufre.

Quiero aclarar la pronunciada y recurrente falsedad de que D. Mariano Rajoy tenía que haber disuelto las cámaras y convocado elecciones cuando se presentó en el Congreso la moción de censura. Brutal falsedad. La ley de leyes de nuestra patria, la Constitución, dice en su artículo 115.2 que el Presidente del Gobierno no puede disolver las Cortes y convocar elecciones mientras está en trámite una moción de censura. Otro engaño más al pueblo español por parte de políticos sin escrúpulos que siempre tienen entre sus palabras preferidas “la silla” pero que solo les importa la suya, le vaya como le vaya a España. Algunos de ellos son parte y apoyo del Gobierno; otros se lamentan del punto a que hemos llegado. Hoy sufrimos el resultado de la diversificación del voto tras las elecciones, y las consecuencias  de no contar con partidos de fuertes mayorías tras en la Cámara baja. Un poco tarde para lamentaciones pero siempre a tiempo para rectificar, y nunca tarde para reconocer que durante la vigencia de la presente constitución, y gracias a las mayorías,  España ha sido protagonista de los más grandes éxitos políticos, económicos, sociales y tecnológicos de nuestra historia. Las generaciones que hemos crecido bajo su vigencia hemos sido testigo de increíbles  cotas de progreso jamás nunca conocido en el pasado; unas infraestructuras de todo tipo y lugar que avanzan y están vertebrando el territorio; modernas comunicaciones nunca soñadas, o unos servicios sociales admirados en el exterior inimaginables años antes. Gran parte de este desarrollo más diversificado en el territorio se lo debemos a la creación de las autonomías que han sabido trasladar el progreso a cada rincón del territorio como nunca se había conocido antes. Los gobiernos locales y provinciales han sido necesarios protagonistas en esa labor, en especial en las difíciles tareas del territorio rural. Deberíamos hacernos la pregunta al revés ¿como sería hoy aquel medio rural con problemas de despoblación si la intervención de nuestras autoridades locales y provinciales no fuera la que fue? Sin embargo, todo es susceptible de mejora, adelgazamiento, ajuste, armonización o reforma. Somos capaces de hacerlo escuchando a la sociedad y lo haremos con éxito todos juntos, que no quepa ninguna duda. 

Pero cierta parte política de una determinada parte del territorio, siempre beneficiada, se abogue ahora no sé qué posiciones, y supuestos derechos insolidarios, caciquiles, totalitarios, inconstitucionales, retrógrados, tribales, intolerantes contra el resto de la nación vulnerando la Carta Magna, merece que un gobierno serio y responsable sea autorizado por la Cámara Alta, exclusiva en la potestad del artículo 155, para aplicar en las instituciones de esa parte del territorio los preceptos y principios constitucionales que indica la lógica, y con el grado de intensidad adecuado a la gravedad actual de la situación. Un 155 “sin peros” aplicado por un partido con mayoría suficiente que no necesite de blandengues imposiciones de otros partidos que te digan “lo tomas así o lo dejas” y luego no se hagan responsables de sus propias exigencias como así ocurrió. Para que eso se dé se necesitan al menos dos imprescindibles condiciones;  la primera, que el actual Gobierno y los socios que le auparon sean retirados democráticamente de las instituciones en elecciones inmediatas que precisamente tiene que convocar el autor del “manual de resistencia”. La segunda, que el poder soberano que reside en el pueblo español, respalde con una mayoría amplia al líder de un partido capaz de realizarlo; así lo ha dejado patente  el actual líder del primer partido de la oposición, Pablo Casado en su visita esta semana a nuestra ciudad. Esa mayoría de emergencia es la más necesaria que jamás necesitó este país y solo con ella se podrá revertir la grave situación actual. El pueblo soberano tiene la palabra y, cuando llegue el momento, el pueblo español decidirá con su sabia elección.

Juan Carlos Álvarez, Senador del PP por Segovia.