Preocupación por el nuevo varapalo judicial y económico para el Ayuntamiento y las arcas municipales
El equipo de gobierno socialista no hace más que sumar varapalos judiciales y sentencias en su contra y lo que éstas suponen para las arcas municipales es algo que nos preocupa y mucho al Grupo Municipal Popular (GMP).
No acabamos de comenzar a pagar los 6 millones por la expropiación del talud de la Avenida Padre Claret para construir el aparcamiento, cuando nos llega el anuncio de otra sentencia firme que obliga al Ayuntamiento segoviano a pagar más de 5,6M€ por la expropiación de la parcela donde se construirá el instituto de San Lorenzo. De esa cantidad el consistorio ya ha abonado 1,7M€, pero todavía nos resta de pagar casi 4M€, a lo que habrá que sumar los intereses.
Si bien la alcaldesa quiso restar importancia bajo el paraguas de unas cuentas saneadas y una negociación pendiente con la propiedad de los terrenos para afrontar este pago, lo cierto es que de las arcas segovianas tendrá que volver a salir una cantidad importante de dinero, lo que repercutirá en las inversiones y en los proyectos necesarios para la buena marcha de nuestra ciudad.
Y es que no tenemos que olvidar que la mala gestión y la falta de diálogo del equipo de gobierno socialista, que lleva al frente de este Ayuntamiento 13 años, nos ha llevado a una cartera de pleitos millonarios que están empezando a hacer mella en la ciudad y que nos situó entre los Ayuntamientos más litigantes de España, algo de lo que no deberíamos sentirnos orgullosos.
A estos más de 5,6M€ que nos tocar pagar por la expropiación de estos terrenos, hay que sumar los 1,3M€ de las expropiaciones de la calle Jerónimo Aliaga, los casi 1,1M€ de la ocupación de la Calle Soldado Español, los más de 300.000€ que nos ha costado todo el proceso de retirada de la marquesina de la estación de autobuses y los 6M€ de la expropiación del talud de Padre Claret y todavía estamos pendientes de conocer el importe de los intereses de esta última sentencia y de saber que es lo que va a ocurrir con el proceso abierto con la empresa que gestionaba el aparcamiento de José Zorrilla, quien reclama no menos de 10M€.
La suma de todas estas cantidades bien podía haberse invertido en la ciudad de cara a mejorar calles, aceras y pavimentos, la accesibilidad, construir aparcamientos disuasorios, adecuar nuestros polígonos y áreas industriales o cualquier otro proyecto necesario para la vida diaria de nuestros vecinos.
Con todas estas sentencias en contra, ya entendemos por qué tienen que subir las tasas e impuestos. Las consecuencias de una mala gestión y de nefastas decisiones las acaban pagando los ciudadanos.
