Pablo Pérez recuerda al PSOE que lo que el juez ha reconocido en sus sentencias ha sido un doble fraccionamiento de un contrato y eso es consecuencia de una decisión política
El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Pablo Pérez, recuerda al PSOE que lo que su grupo ha puesto en manos de la justicia y lo que ha reconocido un juez en sus respectivas sentencias ha sido la fragmentación de dos contratos llevados a cabo por el gobierno que dirige la alcaldesa socialista Clara Luquero y que lo ha hecho para eludir los controles administrativos que establece la ley, tal y como se señala en una de las sentencias.
“El juez lo ha dejado claro”, indica Pérez, “en su sentencia incide en que el Ayuntamiento de Segovia ha acudido al trámite del contrato menor de manera ilegal y aquí estamos hablando de una voluntariedad por parte de quien gobierna y toma decisiones; además, no hay que olvidar que la alcaldesa ha avalado con su firma un contrato declarado ilegal por un juez”.
El portavoz de los populares añade que en la segunda sentencia, el juez apunta que es una situación que venía dándose desde el año 2011, siendo concejal de cultura la propia regidora segoviana.
El edil popular afirma que, por dos veces, se ha demostrado en sede judicial que el gobierno municipal socialista ha troceado un contrato para saltarse la legalidad vigente y poder concedérselo “a dedo” a quien ellos querían, en el caso del contrato de la dirección del Festival de Cine, a la Asociación Trípode Cultural y después con el contrato de los servicios técnicos de la Cárcel Centro de Creación al hermano de la todavía concejal socialista Gina Aguiar.
“El PSOE intenta desviar la atención de lo ocurrido y de gestión ilegal de la alcaldesa centrándose en la ausencia del informe de la secretaría general, cuando lo realmente grave es la decisión política de dividir un contrato para saltarse los trámites administrativos que marca la ley y con una intencionalidad determinada. Esto es lo realmente grave”.
El líder de la bancada popular recuerda que lo que ha hecho su grupo municipal ha sido denunciar las ilegalidades cometidas en algunos procesos de contratación en cultura con el fin de evitar que se sigan produciendo y garantizar tanto la seguridad jurídica como la transparencia en los procesos de contratación que se llevan a cabo en el Ayuntamiento de Segovia.
“No hemos hecho otra cosa que nuestra labor de oposición, defendiendo los intereses de los segovianos y el buen uso de los fondos públicos, frente a prácticas que considerábamos que no eran correctas como así ha demostrado un juez y no en una ocasión, sino en dos, fallando en contra del Ayuntamiento de Segovia y reconociendo que la actuación municipal era claramente ilegal”, concluye Pérez.
