Las cuentas claras, solventes y saneadas han permitido destinar más de 25.000 millones de euros a Sanidad, Educación y Familia
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha hecho balance hoy en Segovia de una legislatura “marcada por la dureza de la crisis económica, la más difícil que hemos vivido”, que el Gobierno del PP de la Junta de Castilla y León ha afrontado desde la convicción de que sólo con unas cuentas públicas claras, solventes y saneadas se podía mantener la calidad de los servicios esenciales. Este objetivo se ha conseguido, como acreditan los expertos, y alcanzarlo ha sido posible porque en los últimos cuatro años la Junta ha mantenido el gasto en las tres consejerías sociales.
Los números son contundentes: el dinero público gastado en Sanidad, Educación y Familia se ha mantenido por encima de los 25.000 millones en esta legislatura. Han sido 25.080 millones de euros, prácticamente lo mismo que entre 2007 y 2011, lo que demuestra la apuesta del Partido Popular por las políticas sociales.
Otro dato igual de significativo que certifica esta realidad es que en los últimos cuatro años la Junta ha dedicado 1.100 millones de euros más a las partidas concretas que sirven para sufragar el funcionamiento diario de los servicios esenciales, de los que 713 millones han servido para mejorar la Sanidad. Es decir, que ha aumentado el gasto en aspectos tan importantes como los suministros de los hospitales y centros de salud, la farmacia hospitalaria, las subvenciones al tercer sector y por supuesto la Renta Garantizada de Ciudadanía.
La titular de Hacienda se ha mostrado convencida de que “tanto sacrificio ha merecido la pena”, porque la recompensa a las reformas estructurales, la responsabilidad en la acción de gobierno y unas cuentas públicas más equilibradas y sostenibles es la recuperación económica. Y ese crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) se está traduciendo, a su vez, en creación de puestos de trabajo. Prueba de que Castilla y León está mejor y de que el empleo y las políticas sociales son la prioridad de la Junta y el Partido Popular son indicadores como los siguientes:
A la vista de estos datos, la consejera de Hacienda ha concluido que “ahora que estamos mejor, es el momento de devolver a los ciudadanos parte de los sacrificios que han hecho en estos años”. Un ejemplo de esta filosofía son los 50 beneficios fiscales autonómicos, que han ahorrado 1.309 millones de euros a los castellanos y leoneses en esta legislatura. El crecimiento sostenido del PIB, que confirman los principales analistas, ha permitido que se mantengan en su integridad en 2015. Esto implica que la Comunidad renuncia a 237 millones este año “para dejarlos en los bolsillos de los castellanos y leoneses”, en palabras de Pilar del Olmo.
Ahora bien, la prueba más evidente de que el PP de Castilla y León quiere compartir la indudable recuperación económica con los ciudadanos es la bajada del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) decidida por la Junta para este año, que se nota desde el pasado enero en las nóminas y generará un ahorro de 150 millones de euros a los contribuyentes en 2015. A esto hay que sumar la reducción del 66% del gravamen sobre el Impuesto estatal sobre Hidrocarburos, al que fue preciso recurrir en 2012 para financiar los servicios básicos.