La alcaldesa sigue sin facilitar la cartera de pleitos como se comprometió hace meses
El Ayuntamiento sigue sin facilitar la información solicitada por el Grupo Municipal Popular referida a las cuantías económicas pendientes y ya abonadas por el Ayuntamiento motivadas por sentencias firmes y otros posibles varapalos judiciales. Algo a lo que se comprometió la alcaldesa Clara Luquero en Junta de Portavoces hace meses a raíz de la solicitud de la auditoría en Urbanismo y que estuvo apoyada por el resto de grupos políticos en la oposición, que representan, por cierto, lo que la mayoría de los segovianos expresaron en las urnas en las últimas elecciones municipales.
Casos como las expropiaciones en Soldado Español (1,2M€), o Jerónimo de Aliaga (1,3M€), el talud de Padre Claret (6,6M€), la parcela del futuro instituto de San Lorenzo (5,6M€), el convenio urbanístico para la compra de terreno o la devolución del préstamo, intereses y subvención del CAT, son solo la punta del iceberg de una abultada lista de temas pendientes que el Grupo Municipal Popular considera imprescindible conocer con exactitud debido a la proximidad de la propuesta de los presupuestos municipales para 2017, ya que condicionará completamente las inversiones futuras para la ciudad.
Según la estimación del GMP, solo en 2016 llevamos abonados más de 11M€ en estas contingencias, una cifra importante y que, desde luego, debiera ser explicada por la alcaldesa no solo a los grupos políticos, si no a todos los segovianos ya que estas cantidades abonadas y pendientes de abonar son fruto directo de su nefasta gestión al frente del Ayuntamiento así como de los anteriores mandatos socialistas, de los que también formó parte la señora Luquero. Una gestión que, por cierto, ha llevado a una muy difícil situación económica, que lastrará las inversiones que necesita Segovia en los próximos años.
De nuevo, la transparencia que tanto pregona el equipo de Gobierno municipal socialista brilla por su ausencia, dilatando de forma intencionada el cumplimiento de un compromiso adquirido con los grupos que integran el Consistorio y, lo que es más grave, impidiendo el acceso a una información a la que los ediles tienen derecho y que la alcaldesa está obligada a facilitar.
El GMP considera que lo más conveniente sería establecer una simulación de escenarios en base a los pleitos que están en marcha y que pueden suponer nuevos desembolsos para el Ayuntamiento, así como una previsión de posibles pleitos que están por venir como la liquidación del contrato con la concesionaria del parking de José Zorrilla, o la liquidación del contrato del parking de Los Tilos y otras expropiaciones solicitadas.
Se trata de un documento que debería llevar tiempo elaborado y cuya redacción tendría que haber partido de la propia Alcaldía, no solo por todo lo anterior, sino porque es la manera de visualizar el escenario económico municipal para los próximos años y no se entiende cómo se puede elaborar un presupuesto sin contemplar los aspectos que lo condicionan. Por ello, el GMP no entiende por qué sigue sin tener la información solicitada.
Ante la complicada situación a la que se enfrentan las arcas municipales por los varapalos judiciales, el GMP tendió la mano al equipo de Gobierno socialista y consideró más efectivo acotar parte de la auditoría a los pleitos en proceso y futuros. Sin embargo, el argumento de que una auditoría completa en Urbanismo sería muy costosa económicamente y que dilataría el trabajo diario de la Concejalía parece ahora indicar que la verdadera intención era desviar la atención sobre temas incómodos, como si desde este área prefiriesen mantenerlos ocultos por alguna razón que desconocemos.
Salta a la vista el desastre reinante en Urbanismo, como evidencian entre otros aspectos los numerosos pleitos que llevan perdidos y la incapacidad para aprobar el PEAHIS después de más de seis años de trabajo.
