Francisco Vázquez alaba la gestión en materia de servicios sociales en Castilla y León, la mejor de toda España

Castilla y León se consolida por octavo informe consecutivo como uno de los mejores sistemas de servicios sociales de España y el mejor de las comunidades no forales, aun produciéndose un retroceso en la puntuación de 0,41 puntos, pasando de los 7,30 puntos en 2020 a los 6,89 actuales. Con estos datos aportados por el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales, el Secretario Autonómico del PPCyL y Vicepresidente 1º de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, y los también procuradores, José Luis Sanz Merino y Mª Ángeles García, han alabado la gestión en materia de servicios sociales del Gobierno de Mañueco.​

MEJOR PUNTUACIÓN EN DEPENDENCIA

​“Según el informe nuestra puntuación en materia de dependencia es la mejor del país con un 8,4, situándose la media nacional en el 5,1”, han subrayado los parlamentarios autonómicos del PP a la vez que han señalado que “las plazas residenciales de financiación pública para mayores de 65 años han llegado a una cobertura del 5,9%, el doble de la media estatal que es de 2,7%, por ello seguimos siendo los primeros en cobertura de plazas residenciales financiadas públicamente”.

​En este sentido, también ha destacado que en esta comunidad autónoma una persona con discapacidad tiene el triple de posibilidades de tener una plaza residencial, que a nivel nacional, puesto que la ratio de plazas en centros ocupacionales y centros de día sobre el total de personas con discapacidad, también es la más alta de España (5,9% frente al 2,8 estatal).

En cuanto a las plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, Vázquez ha hecho hincapié en que en Castilla y León existe una tasa del 20,1%, respecto al número de mujeres que tienen una orden de alejamiento, duplicando la media estatal que es de 9,54%. En materia de acogimiento familiar a menores, en esta autonomía se sitúa en el 60,8% del total, 10 puntos por encima de la media de España (50,1%).

Vázquez ha destacado que “todos estos resultados del informe, son fruto del esfuerzo y dedicación por mejorar y seguir avanzando en el desarrollo de los servicios sociales de todos los profesionales de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma, entidades locales, asociaciones y entidades del tercer sector”.

El gasto por habitante y año está por encima de la media nacional y es más, es la segunda comunidad en porcentaje de gasto respecto del total.

EN SEGOVIA

En la provincia, son 7.372 los segovianos atendidos por estos servicios en materia de dependencia, además se ha llegado a una cobertura del 99,9% de personas con prestaciones, las cuales llegan a 10.557. Asimismo, los procuradores destacan que estos servicios sociales generan 14 empleos por cada mil habitantes, la misma cifra que en el conjunto de la comunidad autónoma, aunque muy superior a la media nacional situada en 6.

La provincia cuenta con 3.336 plazas residenciales para persona mayores, 3.084 en las 40 residencias y 252 en 30 centros de día. Todo ello supone que la cobertura en plazas residenciales en esta provincia se sitúa en el 9,41%. En cuanto a personas con discapacidad existen 772 plazas residenciales, 238 en centros de día y 482 en las 52 viviendas distribuidas por la geografía segoviana.

​Pero es que, además, en la provincia existen 3.053 usuarios del servicio de teleasistencia y 2.242 usuarios en el de ayuda a domicilio, con una casa de acogida para mujeres en riesgo, donde se han atendido a 15 personas.

MIGUEL ÁNGEL BLANCO

​Por otra parte, Francisco Vázquez ha presentado una propuesta que el PP llevará a los ayuntamientos más grandes de toda España para “recordar la figura de Miguel Ángel Blanco con una calle o espacio dedicada a su memoria” y que de esta forma “todos los jóvenes conozcan lo que ocurrió y por qué es importante recordar su memoria”.

​Al hilo de esta iniciativa, Vázquez ha recordado que en la reunión que mantuvo el Presidenta nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo con Pedro Sánchez, le solicitó modificar el artículo 49 de la Constitución Española donde se recoge “disminuidos” en lugar de “discapacitados”, como están demandando los colectivos de servicios sociales, y hasta la fecha, no ha recibido respuesta.