El PP saca adelante en las CCyL una PNL para que el Gobierno de Sánchez deje de hostigar a la empresa de la estación de esquí de Navacerrada, con los votos en contra del PSOE
Las Cortes de Castilla y León han aprobado hoy una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, con el voto en contra del PSOE y sus procuradores segovianos, que exige al Gobierno de Sánchez que deje de acosar a la empresa explotadora de la estación de esquí de Navacerrada.
El procurador popular, José Luis Sanz Merino, en el Pleno de las Cortes que ha aprobado la Proposición no de Ley, ha pedido al Gobierno de España que, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, deje de adoptar decisiones que impidan la continuidad de la estación de esquí de Navacerrada, procediendo a desistir de cualquier proceso judicial iniciado en sentido contrario.
El texto, además, insta al Organismo Autónomo Parques Nacionales a que tramite una nueva concesión de uso privativo de las instalaciones de esquí de las tres pistas, situadas en la estación de esquí alpino de Navacerrada en la vertiente segoviana de la misma. También solicita que el Gobierno cese en el acoso político a que está sometiendo a las empresas de Castilla y León y en concreto a la explotadora de la estación de esquí de Navacerrada procediendo a la revocación inmediata de las Resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Duero, también dependiente del MITECO, de 6 de julio y 31 de agosto de 2022 dirigidas a inutilizar las instalaciones de toma de agua para fabricación de nieve artificial.
Sanz Merino, ha señalado que hoy el Grupo Parlamentario Popular se ve en la obligación de plantear de nuevo este asunto, tras una iniciativa análoga en abril de 2021, “pues el Gobierno de nuestra nación, lejos de mostrarse sensible con la petición realizada por los representantes electos de nuestra Comunidad, ha acentuado aún más su incomprensible aversión con Castilla y León, en este como en otros asuntos de actualidad, con bochornosas actuaciones impropias de la relación que se debe a una Comunidad Autónoma que sí es leal con el Estado”.
TRÁFICO PARA ESQUIAR NO
Una de los argumentos esgrimidos por el PSOE para oponerse a “los intereses de Castilla y León”, según ha señalado Sanz Merino se debe a los problemas de tráfico en las inmediaciones. Algo que según ha dicho “el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en su Plan de Recuperación y Activación Económica Sostenible del Puerto de Navacerrada justificaba el cierre por la congestión del tráfico que ocasionaba, pero a la vez que lo alegaba como motivo del cierre indicaba que no era porque los visitantes fueran a esquiar, sino porque seguirían yendo a hacer turismo de naturaleza,; lol sorprendente es que el MITECO encima añadía que “la justificación de dicho plan -que el PSOE dice que es la compensación para el cierre de la Estación- residía en que el número de personas que dejen de asistir a la Estación de Esquí, con motivo del cierre, sigan asistiendo para realizar otras actividades deportivas”. “Así que parece que el tráfico no era una de las cuestiones que debería influir en esta decisión”, ha puntualizado el procuradore segoviano.
Finalmente, José Luis Sanz Merino ha indicado que la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en desarrollo de la Ley de Declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, consideró y permitió en el PRUG de 2019 que esta actividad tradicional en la Sierra, por su gran arraigo en la zona, tuviera cabida legal, económica, deportiva y medioambiental, sin que el Gobierno de España opusiera entonces resistencia alguna. “En cambio, la arbitrariedad del Gobierno de Sánchez, ahora evidenciada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y el hostigamiento a que el Ministerio de Transición Ecológica está sometiendo a una empresa que desarrollan su actividad en nuestra Comunidad constituye un inaceptable acoso, y lo está haciendo mediante decisiones caprichosas y puramente ideológicas. Esta actitud es para el Partido Popular una muestra más de la manía persecutoria del Gobierno de España y su obsesión con respecto a los intereses de Castilla y León”, ha concluido el procurador.
