El PP lamenta que el PSOE no apoye la Ley que regula el Tercer Sector
La pasada semana, las Cortes de Castilla y León aprobaron, con el apoyo del PP y la abstención del PSOE, la Ley que regula el Tercer Sector y la modificación de la Ley del Voluntariado. De esta forma, y según han afirmado hoy la Procuradora del PP por Segovia, Mª Ángeles García y la Vicesecretaria de Acción Social y Mujer, Azucena Suarez, la Junta de Castilla y León demuestra su compromiso con las entidades del Tercer Sector Social, con una legislación avanzada que atiende a sus demandas, con participación en los órganos correspondientes, garantizando su sostenibilidad económica y financiera a través de la concertación y estableciendo obligaciones para garantizar también los derechos de sus trabajadores.
“El Gobierno Autonómico de Alfonso Fernández Mañueco defiende que se incremente, desde el 77,72 por ciento actual hasta un mínimo del 80 por ciento el dinero que el Ejecutivo Central destina a las entidades de carácter social de todo lo recaudado con el 0,7 por ciento del IRPF”, ha explicado García, a la vez que ha indicado que “se pretende garantizar la financiación de forma estable para las entidades del Tercer Sector, haciendo viables esos proyectos de atención social de una manera continuada y estable, teniendo en cuenta la situación tan complicada que hemos afrontado en el último año y las consecuencias sociales que se derivan de la pandemia”.
La Procuradora popular ha destacado el apoyo constante de la Junta a dicho sector con una aportación anual de más de 157 millones de euros a las entidades que lo componen para el sostenimiento de sus servicios. “Pero es que además Castilla y León es la única comunidad autónoma que ha dado participación a estas entidades en el reparto de los fondos europeos y que ha reservado una partida de 15,7 millones para la ejecución de 48 proyectos.
EL PSOE NO APOYA
El Partido Socialista en Castilla y León se ha abstenido en la aprobación de la Ley, algo que para Mª Ángeles García demuestra que “se ponen una vez más de perfil cuándo habitualmente se arrogan la defensa de las políticas sociales. Está claro con esta decisión que esa defensa no es real, ya que cuando leyes importantes para las entidades del Tercer Sector llegan al parlamento, no las apoyan. De hecho, su enmienda fundamental se ha centrado en conocer cómo se denomina el órgano de participación”.
Esto es lo que ocurre a nivel autonómico, pero a nivel nacional la falta de compromiso es aún más sangrante, según la Procuradora, ya que el Gobierno Central rebaja los fondos que perciben estas entidades a través de lo que se recauda vía IRPF, es decir, los fondos que se obtienen gracias a que los ciudadanos marcan la denominada “cruz solidaria” en su declaración de la renta. “El Ejecutivo de Pedro Sánchez reduce los fondos que destina a las entidades del Tercer Sector que son precisamente, las que prestan los servicios a las personas más vulnerables”, ha afirmado García.
“Los que decían que no iban a dejar a nadie atrás, resulta que se quedan detrás cuando se trata de avanzar en políticas sociales. Obras son amores, y el PSOE se queda en las palabras, no pasa a los hechos” ha explicado Azucena Suárez, a la vez que ha subrayado que en el PP “tenemos claro que vamos a seguir trabajando por unos servicios sociales modernos y de calidad que sitúen a la persona como centro de nuestras políticas”.
EN SEGOVIA
En la provincia de Segovia existen 247 entidades del Tercer Sector, se llevan a cabo 503 servicios en este ámbito de actuación y cuenta con 18 entidades de voluntarios. Por este motivo, Azucena Suárez ha destacado la importancia de dicha Ley pues en su opinión supone “una herramienta útil en el ámbito local, ya que, en un territorio con una dispersión como el caso de la provincia de Segovia, esta regulación supone una mayor coordinación y atención de calidad, concreta e individualizada para intentar llegar a todas las personas de nuestro territorio. Nadie mejor que cada una de estas entidades conoce la atención que precisan los usuarios y usuarias y son un eslabón necesario e imprescindible para llegar donde la Administración no puede llegar”.
“Son entidades que se vuelcan con los más desfavorecidos y que complementan y hacen más eficaz el sistema de servicios sociales en las administraciones, especialmente en la local, la más cercana a la ciudadanía. Además, son un motor económico y generador de empleo en la provincia y contribuyen notablemente al desarrollo de la misma”, ha subrayado Azucena Suárez, quien, a su vez, ha hecho hincapié en el trabajo desarrollado por la Diputación Provincial en este ámbito, otorgando financiación al tejido asociativo de la sociedad, con 156.000 euros repartidos entre 26 entidades.
