El PP incentiva la actividad económica a través de la mejora de la financiación de las pymes y continúa avanzando hacia un sistema tributario, justo y progresivo
En el caso de Segovia ha supuesto 641 solicitudes por un importe de 137 millones de euros y una Inversión inducida de 260, lo cual afectará a 12.133 puestos de trabajo
Esta proposición de Ley, se enmarca según Sanz Vitorio, en un contexto de mejora de la Financiación a Pymes y en el Marco del Plan de Crecimiento innovador para Pymes y empresas de mediana capitalización con el objetivo de que ganen dimensión a través de la innovación, mejorando así su competitividad, favoreciendo el crecimiento a través de la incorporación de estrategias de internacionalización.
El éxito de este Plan ha hecho que sea necesario incrementar los recursos. La materialización será a través de un préstamo suscrito entre el Instituto para la Competitividad Empresarial y el Banco Europeo de Inversiones, canalizándose a través de la sociedad Sodical. Con estos 75 millones de euros consumidos se ha alcanzado una inversión inducida de 260 millones de euros y un empleo generado o mantenido de 7.400 puestos de trabajo.
Esta proposición de ley, establece una deducción autonómica en su tramo del IRPF que consiste en que el 15% de las cantidades que destine el contribuyente a la adquisición de un vehículo eléctrico o hibrido enchufable con autonomía en modo eléctrico de más de 40 kilómetros, un límite de 4.000 euros en el importe de la deducción y siempre que no afecte a actividades profesionales.
Esta nueva deducción se suma a las 51 existentes en Castilla y León. Está en consonancia con la decisión del Consejo Europeo del 2014 que aprobó para el 2030 el objetivo de reducir el 40 % de los gases de efecto invernadero. Es una medida eficaz, razonable, según el procurador, que “contrasta con una iniciativa irracional, alejada de sentido común como la que pretende el Gobierno de España tratando de acabar con los combustibles fósiles a partir de 2040” y añade, “un gobierno radical que compromete la actividad que genera el 25% del PIB industrial de Castilla y León y que ponen en riesgo más de 50.000 empleos de nuestra Comunidad”.