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Editado Dic 15, 2020

El PP en el Ayuntamiento lleva a la justicia el contrato de la dirección del Festival de Cine

El PP en el Ayuntamiento lleva a la justicia el contrato de la dirección del Festival de Cine

El Juzgado admite a trámite el recurso contencioso interpuesto por el PP en el Ayuntamiento contra el proceso de contratación de la dirección del Festival Internacional de Cine de Segovia a la Asociación Trípode Cultural.

Los populares acuden a los tribunales con la convicción de que existen irregularidades en el caso Trípode.

Pablo Pérez asegura que su grupo velará para que el gobierno municipal socialista cumpla con rigor los procesos de contratación.

Las dudas que, desde un primer momento, generó en el PP en el Ayuntamiento el proceso de contratación de la dirección del Festival de cine de Segovia, que denominaron, “Caso Trípode”, han hecho que los populares hayan acudido a la Justicia.

El portavoz popular, Pablo Pérez, ha comparecido ante los medios de comunicación, para informar de la admisión por parte del Juzgado Contencioso Administrativo, del recurso interpuesto por su grupo contra el Decreto de Alcaldía por el que se adjudicaba la dirección del Festival Internacional de Cine de Segovia a la Asociación Trípode Cultural.

Ya dijimos que íbamos a llegar hasta el fondo del asunto y descubrir las presuntas irregularidades en las que está cayendo la concejala de cultura y turismo, Gina Aguiar”.

Según el portavoz popular no ha sido fácil acceder al expediente completo y una vez revisada la información a la que han tenido acceso, se han dado cuenta de que son muchos los defectos de forma y que sus sospechas eran más que fundadas.

Nuestra responsabilidad como principal grupo de la oposición es velar por los intereses de los segovianos, por la transparencia municipal y en cuanto hemos detectado lo que para nosotros es una práctica irregular en un procedimiento de contratación pública, hemos decidido ponerlo en manos de la justicia”. ha afirmado Pablo Pérez. “Queremos que quien gobierna nuestra ciudad, actúe con rigor porque esos procesos de contratación se están llevando a cabo con dinero público”.

Por su parte, el viceportavoz popular, Marco Sandulli, ha querido dejar claro que los populares no están en contra de que se celebre el Festival de cine, con lo que no están de acuerdo es con el proceso seguido para adjudicar su dirección, ya que, en su opinión, ha habido un uso impropio del contrato menor.

“Según la Ley de contratos del Sector Público es necesario que el expediente administrativo contemple dos informes, el que hace referencia a la necesidad del contrato y que justifique la ausencia de medios propios y un informe que diga que no se está alterando el objeto del contrato con el fin de evitar una licitación pública. Y no hemos visto la existencia de ninguno de estos informes, de ahí, que consideremos que existe un defecto legal”, ha explicado Sandulli.

Además, según el concejal popular, ha habido un fraccionamiento del contrato.

“El contrato menor se tendría que haber empleado si fuera una situación puntual para el Ayuntamiento pero estamos hablando de un Festival de Cine que este año cumpliría su edición número quince, por lo que, entendemos que es una necesidad concurrente y anual. Nos parece un tanto irregular”.

Además, añade que resulta extraño que se le adjudique a una asociación que no ha dirigido como tal ni un sólo festival, por lo que no hay garantía de su solvencia técnica y profesional para ello.

A estas razones, suma Marco Sandulli, la falta de un informe que justifique el precio por el que se fija el contrato, 14.999€, la falta de cualquier tipo de información en las comisiones de cultura y los obstáculos para poder acceder a la información completa, como ya apuntó Pablo Pérez.

“No fue hasta la tercera vez que acudimos a consultar los documentos cuando pudimos ver el proyecto de Trípode Cultural, precisamente el adjudicatario del contrato”.

En definitiva, los populares han visto que hay ausencias importantes en el expediente administrativo y numerosos defectos formales que les lleva a pensar en una total falta de transparencia.

“Una administración del siglo XXI no puede actuar como ha actuado este Ayuntamiento. Toda administración se somete a la ley de derecho. Por eso nos hemos visto obligados a acudir a la jurisdicción contencioso administrativa que es la que se encarga de revisar si se ha actuado de acuerdo con la legalidad vigente”.

Marco Sandulli ha insistido en que es el mejor cauce para aclarar las cosas.

“Será un juez el que determinará si el expediente se ha desarrollado o no de acuerdo a la ley de contratos públicos y la Constitución Española”.

El portavoz de bancada popular, Pablo Pérez, ha afirmado de manera contundente que “es importante para la ciudad de Segovia que su Ayuntamiento ejerza bien la contratación pública.

“En el momento que hemos tenido sospechas, no hemos dudado en defender los intereses de la ciudad y por eso hemos acudido a la justicia para que dirima este contrato”.

Una vez admitida la demanda, se traslada al Juzgado Contencioso Administrativo. El juicio ha quedado fijado para el día 27 de enero de 2021 y será ahí donde el Ayuntamiento deberá aportar toda la documentación que se le requiera y esperan los populares que sea la misma que se les ha facilitado a ellos.

“Ahora será el juez el que decida y resuelva si existe o no cualquier tipo de infracción de la legalidad vigente en materia de contratación”, ha señalado el viceportavoz popular, Marco Sandulli.

El líder del principal grupo de la oposición, Pablo Pérez, ha concluido afirmando que “cuando se contrata se hace con el dinero de todos los segovianos y nosotros vamos a velar para que desde el Ayuntamiento se lleven a cabo procesos impolutos de contratación”.