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Editado Mar 9, 2019

El PP aboga por blindar la caza en un en-cuentro con cazadores de toda Castilla y León

El PP aboga por blindar la caza en un en-cuentro con cazadores de toda Castilla y León

El Partido Popular de Segovia ha celebrado un encuentro, donde el Director General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, acompañado por el Secretario Provincial del PP, Miguel Ángel de Vicente, el Coordinador del mismo, José Mazarías, el Candidato a la Alcaldía, Pablo Pérez, los parlamentarios nacionales, Beatriz Escudero, Jesús Postigo, Juan Ramón Represa y Juan Carlos Álvarez, los procuradores, José María Bravo y Mª Ángeles García, y los diputados provinciales, José Luis Sanz Merino y Dionisio García, han explicado a representantes autonómicos y provinciales de distintos colectivos relacionados con la actividad cinegética la Proposición de Ley que promueve el blindaje de la caza en esta Comunidad Autónoma. El documento será debatido la próxima semana en las Cortes de Castilla y León y ya ha contado con el respaldo de los grupos Socialista, Ciudadanos y la Unión del Pueblo Leonés.

El Presidente de la Federación Regional de Caza, Santiago Iturmendi, el Secretario de la Asociación Española de Rehalas, José María Pacheco, el Delegado Provincial en Segovia de la Federación Regional de Caza y Vicepresidente de la misma, José Luis Gómez, y el empresario del sector cinegético, Luis Sanmiguel, han mostrado su preocupación al PP de Segovia por la prohibición de una actividad que genera muchos puestos de trabajo, además de constituir un eslabón más de la cadena natural.

Los populares les han informado que el objetivo principal que persigue esta Proposición de Ley es asegurar en el tiempo un marco jurídico estable para la realización de la actividad cinegética mediante la constatación por Ley, en el marco de la normativa europea, nacional y de la Comunidad, de las especies cinegéticas que den garantía a la caza.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Castilla y León ha acordado suspender, de forma provisional, el Decreto 10/2018 por el que se regula la actividad cinegética de Castilla y León. El partido animalista PACMA recurrió en su día ese Decreto y, simultáneamente, solicitó del TSJ que, de forma cautelar, hasta el momento de dictar sentencia se paralizase la aplicación del Decreto por los perjuicios que podría causar a la fauna salvaje su aplicación durante dicho periodo.

La Sala no dicta sentencia, sino que se limita a resolver, por medio de auto, la medida cautelar solicitada y entiende que no se puede aplicar el Decreto antes de dictar sentencia, acogiendo la tesis del PACMA al estimar que es un interés más necesitado de protección el de la conservación de la fauna silvestre que los daños a los intereses generales y de terceros, que reconoce se pueden producir por la suspensión acordada.

El PP considera que ni Segovia, ni Castilla y León pueden prescindir de la caza. Además de su componente cultural y tradicional, se trata de un recurso económico muy importante tanto para los titulares de los aprovechamientos cinegéticos, en su mayoría administraciones locales como Ayuntamientos y Juntas Vecinales con cuyos recursos financian servicios públicos, que se verían mermados en su financiación, como para la hostelería y los servicios en el medio rural que giran en torno a dicha actividad. Todo ello genera empleo y fijación de población en el medio rural.

Según explican desde el PP, la caza es un medio imprescindible para contribuir al control sanitario de la fauna salvaje, y por ende de la sanidad de la cabaña ganadera, e indirectamente de las personas. También lo es para reducir riesgos a la seguridad vial y la protección de la vida e integridad de los conductores y pasajeros de vehículos en nuestras carreteras. La caza es esencial para el propio control poblacional de las especies que es garantía de su estado de conservación favorable, así como para mantener las especies más vulnerables cuyo hábitat y desarrollo se vería comprometido por la competencia en el medio de una fauna descontrolada.

Es por ello que el PP considera que la Junta de Castilla y León siempre ha hecho una gestión responsable de sus competencias en materia de caza, “una actividad responsable y sostenible que ha garantizando que sea un instrumento equilibrado al servicio, fundamentalmente, de un control poblacional imprescindible para mantener las poblaciones de fauna silvestre en un estado de conservación favorable.