El GMP ya denunció las irregularidades en la oposición de coordinador cultural
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha puesto en entredicho el procedimiento de contratación y adjudicación de la plaza por oposición de Coordinador Cultural del Ayuntamiento llevada a cabo el año pasado en favor del escritor José Antonio Gómez Municio.
Esta sentencia viene a confirmar la falta de transparencia en esta designación que el Grupo Municipal Popular denunció en su momento, al entender que el proceso no se había desarrollado con la corrección que debería tener una buena gestión municipal y que, cada semana, evidencia la labor del equipo de Gobierno municipal socialista, proyectando hacia el exterior una penosa imagen de Segovia.
Tras la celebración de la oposición, uno de los candidatos impugnó el concurso y adjudicación del puesto de Coordinador Cultural argumentando defectos de procedimiento. El Juzgado contencioso administrativo de Segovia ya observó irregularidades en el proceso de valoración de las pruebas y, ahora, la sentencia del TSJ rechaza la apelación del Ayuntamiento, le obliga a retrotraer el proceso de la fase de oposición y a repetir las pruebas.
La anulación del nombramiento supone, además, unos costes que recaerán íntegramente sobre el Consistorio y, una vez más, sobre el bolsillo de los segovianos, entre ellos, el pago de las costas del proceso y una posible indemnización al propio Coordinador Cultural, que tomó posesión de su puesto el pasado 23 de noviembre.
La sentencia de la Sala de lo contencioso administrativo del TSJ insta a convocar una nueva oposición, fijándose nuevos ejercicios para las pruebas de oposición y que el tribunal indique explícitamente cuáles son los criterios de evaluación, así como los elementos concretos para decidir la nota que otorga a cada opositor, situaciones que no se dieron en el proceso, plagado de irregularidades, que el GMP considera se están convirtiendo en marca del equipo de Gobierno de Clara Luquero y denotan una falta de respeto absoluta a los ciudadanos.
Cuando en marzo se conoció la sentencia ahora ratificada en Burgos, la alcaldesa y las concejalas de Personal y Cultura, Marisa Delgado y Marifé Santiago, sostuvieron que las pruebas se habían realizado de acuerdo con la legalidad y de forma correcta y transparente. Ante la insistencia del Grupo Municipal Popular en la petición de información, la regidora llegó a señalar que la impugnación era algo normal en los procesos selectivos. Ahora, el fallo del TSJ pone una vez más en entredicho al Ayuntamiento y confirma su desastrosa gestión, que se va ratificando con sentencias en contra del Consistorio semana tras semana y que cuestan mucho dinero a los segovianos.
De hecho, no es la primera vez que el Ayuntamiento ve cuestionada una oposición, como pasó con la de bomberos, puesta en marcha de nuevo la semana pasada ante el suspenso de todos los aspirantes en la última prueba.
Ante esta situación, el GMP exige que este tipo de situaciones no vuelvan a producirse en el seno del Consistorio y que cada proceso selectivo se realice efectivamente bajo el sustento de la transparencia y los valores democráticos propios de nuestro tiempo.
