De Senado, Provincias, Diputaciones y Ayuntamientos
Artículo de Opinión
Al modo de los adelantados que también buscaban justicia en los bordes de las tierras reconquistadas, allá por donde se extiende la extremadura castellana de las históricas Comunidades de Villa y Tierra segovianas, finalizó el pasado viernes la serie de actos en defensa de las Diputaciones en las nobles tierras de Cantespino. Alcaldes, vecinos, funcionarios abarrotaron los salones culturales; las sedes consistoriales; los centros sociales por los que ha viajado en las anteriores semanas la caravana del Partido Popular.
No es la simple iniciativa de impedir el cierre del palacio provincial de la calle de San Agustín, en el caso segoviano, y lo que ello deriva y conlleva; si no la desaparición del gobierno de la tierra segoviana que lleva el nombre de la capital del acueducto. Diputaciones que, como la de Segovia creada en el inicio del trienio liberal sobre el aún no perfeccionado artículo 325 de la «Pepa»; anteceden, incluso, a la aprobación formal en 1833 de la propia provincia. Si Riego, espíritu del que a algunos solo les ha quedado el himno, levantara la cabeza y contemplara este pacto que propone la liquidación de estos entes provinciales doceañistas, seguro que se volvería a morir de vergüenza anti-fernandina.
Solo hay que ver, o escuchar a los habitantes del territorio rural, para saber que las Diputaciones han sido, son, y han de ser, el cordón umbilical de nuestros pueblos que fomentan el progreso, el orden y la prosperidad de la vida en el campo español. Quienes han diseñado este proyecto de arquitectura política «naranja» saben muy bien que su desaparición significa la muerte lenta de los pueblos y, por ende, del medio rural. Ese es su verdadero objetivo final. Los bajos réditos electorales en la pasada campaña de la propuesta directa de supresión, invitan a utilizar esta nueva modalidad destructiva y progresivamente liquidadora «en dos tiempos» que pasa más desapercibida inicialmente al ciudadano que la anterior.
Por cierto, sigo sin entender por qué a ese partido se le sigue encuadrando en la derecha española. Su líder dejó muy claro en su discurso defendiendo este pacto en la tribuna de oradores, que su partido es de CENTRO IZQUIERDA, o está en el centro de la izquierda. Cosa que no hay por qué ocultar si viene de boca de su propio responsable y que asintieron todos sus Diputados. ¿O no?
Estos mismos, tiempo atrás, proponían la desaparición de las autonomías, las que ocupaban sus discursos y tertulias tijera en ristre. Ahora, su objetivo de liquidación es el Senado del que podíamos llamar Diputación de las Diputaciones (de tres hojas que emplean para hablar de la reforma del Congreso, solo dos líneas al senado); para, acto seguido, seguir en su línea de exterminio de las Diputaciones, o ayuntamiento de los ayuntamientos y, por tanto, gobierno de las provincias. Motivos de ahorro alegan de lo que más adelante hablaremos, pero la verdadera ciudadanía ha de saber que estas administraciones locales, han demostrado en esta crisis ser fieles cumplidoras como ninguna administración de la Ley de Racionalización; han velado por el mantenimiento permanente del medio rural gracias a los recursos que les han proporcionado las Diputaciones; han sido el sustento de nuestra despensa, así como la guarda de nuestro patrimonio monumental y natural. Por cierto, patrimonio forestal al que dedican otras dos escasas líneas como al Senado. Al menos hay que agradecer que pronuncien la palabra forestal aunque carente de contenido ya que la palabra agricultura, rural, agrícola, o ganadero; ni se la pronuncia ni se le da contenido ni se le espera. He aquí los fines últimos de sus objetivos: el fin del campo y de sus instituciones territoriales.
Difícil será por ellos defender el ahorro de 6.000 millones de euros que dicen conllevar la operación de desmontaje “provincial”; pues estamos escuchando en los últimos días que la Autonomía del líder de referencia de este brillante plan, la catalana, demanda 7.300 millones de euros para pagar, entre otros dispendios, sus no sé cuantas cadenas de propaganda de la causa; otras tantas embajadas inútiles; suma y sigue a otros muchos derroches más.
Lejos quedan los tiempos en que escuchábamos bellas palabras que encandilaban en boca de estos «arquitectos salvadores» diciendo que todos los españoles seríamos iguales independientemente en el territorio en que viviéramos. Visto todo este proyecto a fondo, que se lo pregunten a los españoles que lo han leído cuando han visto que las Diputaciones vascas, las más jóvenes, creadas en 1979, se salvan de la quema en este pacto, al igual que los Cabildos canarios por siniestros, desiguales, y poco transparentes motivos que solo ellos conocerán. La igualdad naranja la vamos a llamar a partir de hoy, aunque en el medio rural el color naranja le solemos asimilar al otoño o, más acertadamente, al ocaso.
Juan Carlos Álvarez Cabrero
Senador del PP por Segovia
